domingo, 24 de febrero de 2013

De la evidencia a la Acción en Política Social



Por Anibal Velásquez

El MIDIS pronto lanzará un libro sobre el uso de la evidencia en la Política Social


“La medida del éxito es la utilización”. Keith Mackay


Un reciente trabajo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)[1]  da cuenta del aumento progresivo de las evaluaciones de los programas de salud en el Perú desde los años 90. Esta invetigación muestra el interés de organismos del Estado y de las agencias cooperantes en generar evidencias para tomar decisiones que mejoren la eficacia, eficiencia, calidad y equidad de los programas.

A su vez, en el sector público se están asignando importantes recursos para evaluaciones de programas sociales en el marco de la reforma de gestión por resultados. En términos institucionales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección de Calidad del Gasto Público viene promoviendo el seguimiento y la evaluación como una práctica permanente para conocer y medir el desempeño público y, en principio, marcar la pauta para la asignación de recursos. Recientemente, con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el Estado cuenta por primera vez con una Dirección General de Seguimiento y Evaluación con funciones reguladoras y recursos técnicos y financieros para desarrollar evaluaciones, sistemas de seguimiento y gestionar el uso de la evidencia de los programas sociales y la política de desarrollo e inclusión social.

La creación del MIDIS cubre un vacío institucional de responsabilidad sectorial para la definición y conducción de la política social peruana (como ente rector), tanto en la definición de los lineamientos de política, como en el seguimiento y evaluación de su desempeño (operación, resultados e impacto) en todo el espectro gubernamental, de un país descentralizado. Como ha ocurrido en otros países, la creación de un organismo afín, ha desatado una ola de recursos y arreglos institucionales (dependencias específicas y responsabilidades) que ha hecho crecer exponencialmente la evaluación como un mandato ineludible de la gestión pública.

Adicionalmente,  existe una preocupación de diferentes grupos de interés, sobre todo en la comunidad de evaluadores, por definir o identificar claramente un ente gubernamental que actúe como el organismo oficial de la evaluación de la política social, como ocurre en otros países como Chile, México, Brasil, Colombia, entre otros, sólo por mencionar América Latina. Esto refuerza la tendencia de institucionalización de la evaluación.

En un escenario como éste, es crucial preocuparse por aquello que da sentido a los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación: el uso de sus resultados y recomendaciones para tomar decisiones de política.  Como señala Mackay, para un sistema de seguimiento y evaluación “La medida del “éxito” es la utilización”[2]. Y como refieren los estudios que hemos revisado para esta sistematización, la utilización no es necesariamente la mejor marca de tales sistemas. Es una de sus mayores preocupaciones.

Bajo el imperativo de conocer qué está pasando con la política social y qué resultados está generando la acción pública, el país se apresta para una nueva etapa donde la evaluación tiene un papel preponderante, como ocurre en otros países que vienen profesionalizando la evaluación.

Tiene sentido por tanto, preguntarse ¿cómo encarar esta etapa que se viene desde la perspectiva del uso de resultados? Como indica la literatura especializada –y la experiencia- no todo lo que se monitorea y evalúa, mejora. En otras palabras, aún cuando se invierten importantes recursos para este propósito, el correlato entre evaluación y mejora de la política no es unívoco. Para ser exactos, muchas veces ni los gestores  siguen las recomendaciones, ni las recomendaciones siguen a los gestores.

¿Cuál es la razón o razones que explican la falta de uso de las evidencias?  ¿Existen experiencias en otros países dónde éste ha sido abordado para mejorar la eficacia de las evaluaciones? ¿Qué factores facilitan o limitan el uso de los resultados? ¿Qué recomendaciones dan los estudios sobre el uso, basados en evaluaciones ad hoc en sistemas existentes? ¿Qué iniciativas o medidas se pueden desarrollar para que los resultados de los estudios se usen? ¿Qué orientación y especificaciones deben establecerse para favorecer el uso de los resultados?

Estas interrogantes –de vital importancia y vigencia- constituyen un cuerpo de preocupaciones que el MIDIS desea despejar. Para estos efectos se estableció sistematizar experiencias nacionales e internacionales sobre el uso de resultados de evaluación de programas sociales, con el objetivo de identificar elementos para el diseño de mecanismos y prácticas de gestión para el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación que será creado en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS).

En esta publicación presentamos los resultados de esta sistematización internacional y la reciente experiencia del MIDIS en la institucionalización de la cultura de evaluación,  el uso de las evidencias para el diseño de políticas, creación, reorganización y cierre de programas, y en la articulación de la política de desarrollo e inclusión social.



[1] Mariana Ballén, Javier Paulini, Edgardo Cruzado, Pedro Francke. ¿Evaluación de impacto o impacto de la evaluación? Balance de las experiencias de evaluaciones a programas de salud pública en el Perú. En Promoviendo el derecho a la Salud de los más pobres: cinco estudios de interés. CIES, Lima/Perú 2012.
[2] Keith Mackay, Desarrollo de la capacidad de evaluación: Institucionalización de los sistemas de seguimiento y evaluación para mejorar la gestión del sector público. Serie de documentos de trabajo sobre desarrollo de la capacidad de evaluación Nº. 15: Enero, 2006.