Por Anibal Velásquez
A la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud de Perú se le ha encargado definir el Plan Garantizado de Atención de Salud del Aseguramiento Universal que en los próximos años se pretende implementar en el país.
El aseguramiento universal en salud, por consenso, esta siendo considerado una prioridad política, técnica y social en el país. El consenso político se ha manifestado en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud firmado 16 partidos antes de las Elecciones Presidenciales y ahora ha sido incluido en la propuesta técnica del Plan Nacional Concertado de Salud. El consenso técnico se evidencia en las inequidades identificadas en diversos estudios en el acceso, financiamiento y calidad de los servicios de salud. Y el consenso social manifestado en diversas demandas sociales canalizadas por la sociedad civil.
Falta aún consensuar el diseño y la implementación del aseguramiento universal, aunque ya se han dado pasos importantes con este fin. Tales como, el esfuerzo por elaborar una Ley Marco del Aseguramiento Universal consensuada en la Comisión de Salud del Congreso de la República y el trabajo de DGSP para definir el plan universal garantizado de prestaciones. Ambas iniciativas están estrechamente coordinadas porque se considera que el Plan Universal de Aseguramiento Salud es el eje fundamental sobre el cual se puede articular el aseguramiento universal.
Con el aseguramiento universal se espera extender la cobertura para que más personas cuenten con acceso efectivo y con protección de riesgo financiero con énfasis en la población más pobre y profundizar la cobertura ampliando los servicios de acuerdo a las necesidades de la población que se logra con el plan de beneficios.
El plan universal de aseguramiento en salud es el mecanismo por el cual se materializa el derecho a la salud porque se definen las prestaciones de salud asociadas a un conjunto priorizado de enfermedades o condiciones de salud que el Sistema de Salud deberá garantizar a sus asegurados. Estas prestaciones deberán estar garantizadas en cuanto a la calidad, oportunidad y financiamiento. Al ser explícitas las prioridades de salud y las prestaciones que el Estado garantiza se puede ejercer el derecho de los ciudadanos de exigir su cumplimiento.
El plan universal de aseguramiento en salud, es decir el listado de diagnósticos y procedimientos, se construye mediante consensos técnicos, políticos y sociales para definir prioridades. Los criterios para priorizar son la carga de enfermedad, el análisis económico de las intervenciones, la vulnerabilidad financiera y los planes de salud existentes (que ya se constituyen en derechos adquiridos).
Una vez definida la lista prioritaria de diagnósticos y procedimientos se determina la disponibilidad de la oferta de servicios para realizar los procedimientos, se definen las garantías explícitas que el Estado se compromete a ofrecer a los asegurados con base en la definición de los requerimientos financieros disponibles.
Hasta el momento el Ministerio de Salud con apoyo del Proyecto PRAES-USAID ha definido una primera lista de diagnósticos y procedimientos del I Nivel de Atención del Plan Universal de Aseguramiento Salud a partir del estudio de carga de enfermedad (MINSA, 2006; Velásquez, 2006)[1] [2]. Este plan ha sido costeado y se ha estimado el financiamiento necesario para su implementación. Ahora se está trabajando en el plan de atención del II y III nivel.
Referencias
[1] MINSA (2006). Estudio de Carga de Enfermedad en el Perú – 2004. Lima: Ministerio de Salud, 41 p.
[2] Velásquez A. Análisis del Estudio de Carga de Enfermedad en el Perú – MINSA 2004 y propuesta metodológica para el ajuste con datos nacionales de morbilidad, Proyecto PRAES-USAID, Lima 2006, 64 p. Disponible en: http://www.praes.org/docs-pdf/publica/4.pdf, acceso 21 de Marzo 2007
Fotografía: "Anforin" muñeco que promocionaba la consulta ciudadana para elegir las prioridades de salud en Lambayeque, 2004. Crédito: Anibal Velásquez