Por Anibal Velásquez
El MIDIS pronto lanzará un libro sobre el uso de la evidencia en la Política Social
“La medida del éxito es la utilización”. Keith Mackay
Un reciente trabajo del Consorcio de Investigación Económica y
Social (CIES)[1] da cuenta del aumento progresivo de las
evaluaciones de los programas de salud en el Perú desde los años 90. Esta
invetigación muestra el interés de organismos del Estado y de las agencias
cooperantes en generar evidencias para tomar decisiones que mejoren la
eficacia, eficiencia, calidad y equidad de los programas.
A su vez, en el sector público se están asignando importantes
recursos para evaluaciones de programas sociales en el marco de la reforma de
gestión por resultados. En términos institucionales, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) a través de la Dirección de Calidad del Gasto Público viene
promoviendo el seguimiento y la evaluación como una práctica permanente para
conocer y medir el desempeño público y, en principio, marcar la pauta para la
asignación de recursos. Recientemente, con la creación del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el Estado cuenta por primera vez con una
Dirección General de Seguimiento y Evaluación con funciones reguladoras y
recursos técnicos y financieros para desarrollar evaluaciones, sistemas de
seguimiento y gestionar el uso de la evidencia de los programas sociales y la
política de desarrollo e inclusión social.
La creación del MIDIS cubre un vacío institucional de
responsabilidad sectorial para la definición y conducción de la política social
peruana (como ente rector), tanto en la definición de los lineamientos de
política, como en el seguimiento y evaluación de su desempeño (operación, resultados
e impacto) en todo el espectro gubernamental, de un país descentralizado. Como
ha ocurrido en otros países, la creación de un organismo afín, ha desatado una
ola de recursos y arreglos institucionales (dependencias específicas y
responsabilidades) que ha hecho crecer exponencialmente la evaluación como un
mandato ineludible de la gestión pública.
Adicionalmente, existe una
preocupación de diferentes grupos de interés, sobre todo en la comunidad de
evaluadores, por definir o identificar claramente un ente gubernamental que
actúe como el organismo oficial de la evaluación de la política social, como
ocurre en otros países como Chile, México, Brasil, Colombia, entre otros, sólo
por mencionar América Latina. Esto refuerza la tendencia de institucionalización
de la evaluación.
En un escenario como éste, es crucial preocuparse por aquello que
da sentido a los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación: el uso de sus
resultados y recomendaciones para tomar decisiones de política. Como señala Mackay, para un sistema de seguimiento
y evaluación “La medida del “éxito” es la utilización”[2]. Y
como refieren los estudios que hemos revisado para esta sistematización, la
utilización no es necesariamente la mejor marca de tales sistemas. Es una de
sus mayores preocupaciones.
Bajo el imperativo de conocer qué está pasando con la política
social y qué resultados está generando la acción pública, el país se apresta
para una nueva etapa donde la evaluación tiene un papel preponderante, como
ocurre en otros países que vienen profesionalizando la evaluación.
Tiene sentido por tanto, preguntarse ¿cómo encarar esta etapa que
se viene desde la perspectiva del uso de resultados? Como indica la literatura
especializada –y la experiencia- no todo lo que se monitorea y evalúa, mejora.
En otras palabras, aún cuando se invierten importantes recursos para este
propósito, el correlato entre evaluación y mejora de la política no es unívoco.
Para ser exactos, muchas veces ni los gestores
siguen las recomendaciones, ni las recomendaciones siguen a los
gestores.
¿Cuál es la razón o razones que explican la falta de uso de las
evidencias? ¿Existen experiencias en
otros países dónde éste ha sido abordado para mejorar la eficacia de las
evaluaciones? ¿Qué factores facilitan o limitan el uso de los resultados? ¿Qué
recomendaciones dan los estudios sobre el uso, basados en evaluaciones ad hoc
en sistemas existentes? ¿Qué iniciativas o medidas se pueden desarrollar para
que los resultados de los estudios se usen? ¿Qué orientación y especificaciones
deben establecerse para favorecer el uso de los resultados?
Estas interrogantes –de vital importancia y vigencia- constituyen
un cuerpo de preocupaciones que el MIDIS desea despejar. Para estos efectos se estableció
sistematizar experiencias nacionales e internacionales sobre el uso de
resultados de evaluación de programas sociales, con el objetivo de identificar
elementos para el diseño de mecanismos y prácticas de gestión para el Sistema
Nacional de Seguimiento y Evaluación que será creado en el marco del Sistema
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS).
En esta publicación presentamos los resultados de esta sistematización
internacional y la reciente experiencia del MIDIS en la institucionalización de
la cultura de evaluación, el uso de las
evidencias para el diseño de políticas, creación, reorganización y cierre de
programas, y en la articulación de la política de desarrollo e inclusión
social.
[1] Mariana Ballén,
Javier Paulini, Edgardo Cruzado, Pedro Francke. ¿Evaluación de impacto o
impacto de la evaluación? Balance de las experiencias de evaluaciones a
programas de salud pública en el Perú. En Promoviendo el derecho a la Salud de
los más pobres: cinco estudios de interés. CIES, Lima/Perú 2012.
[2] Keith Mackay, Desarrollo de la capacidad de
evaluación: Institucionalización de los sistemas de seguimiento y evaluación
para mejorar la gestión del sector público. Serie de documentos de trabajo
sobre desarrollo de la capacidad de evaluación Nº. 15: Enero, 2006.
