Evolución de la agenda y la política nacional de medicamentos en el Perú

Por Anibal Velásquez

Regulación del Estado y medicamentos esenciales para incrementar el acceso



Los medicamentos en el Perú han estado en la agenda de salud del país desde 1959 en que se estableció el uso de una lista restringida de 20 medicamentos, denominándolos esenciales. Estos medicamentos fueron considerados indispensables para atender las patologías de mayor prevalencia en los servicios de salud del subsector público. El precio de estos medicamentos era un tercio del valor de los medicamentos "de marca". Luego en 1962, se creó el Programa de Medicinas Sociales, resultado de una primera experiencia de negociación entre el MINSA y el sector privado. Este programa ofreció a la población 69 medicamentos por la mitad de su precio de mercado[1].

Con el inicio del régimen militar de 1968 en el Perú fue convocada una licitación pública para el abastecimiento de 153 productos genéricos en la red nacional del Ministerio de Salud y en 1971 se estableció el Programa de Medicamentos Básicos con estrictos controles de calidad, el cual contenía 200 medicamentos obligatorios en todas las dependencias del sector público.
En este periodo, el objetivo fue que la población más pobre tenga acceso a los medicamentos mediante la regulación y subsidio del Estado, reducción de precios por economía de escala y con exoneración de impuestos para la producción de medicamentos que compraba el Estado. En 1975 se inicia la crisis económica y este programa de medicamentos se deteriora seriamente.
En el mundo, a partir de evidencias que mostraron que algunos medicamentos tenían efectos adversos para la salud, por este motivo en los años 60 se comenzó a discutir cómo garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos y cómo incorporar los nuevos medicamentos en la práctica médica para la población de menores recursos[2]. En esa década, hubo una amplia discusión en el ámbito internacional y el fortalecimiento de instituciones reguladoras a nivel mundial, las cuales pasaron a aplicar normas mucho más rigurosas para la comprobación de la eficacia y de la seguridad del uso eventual y continuo de los medicamentos, antes de otorgar una autorización para la comercialización.

En 1975, la OMS colocó en la agenda internacional la problemática de los medicamentos en la 28ª Asamblea Mundial de la Salud y se realizaron propuestas basadas en la evaluación de experiencias de países que habían implementado esquemas de medicamentos básicos o esenciales.

Libre mercado para incrementar el acceso a medicamentos

Sin embargo, en el Perú, “durante el periodo 1980-1985, el gobierno civil de Acción Popular (AP), partido político de orientación liberal moderada, descontinuó el Programa de Medicamentos Básicos por considerarlo "obsoleto y sin sentido" y redujo la intervención estatal en materia de medicamentos a un limitado control de precios, el cual después se diluyó por la presión de la crisis. Sin embargo, presionado por las crecientes demandas de satisfacción de las necesidades básicas de la población, el gobierno optó nuevamente por la comercialización de medicamentos genéricos relativamente baratos bajo su control, creando el Programa de Medicamentos Esenciales aunque sin un gran impacto por la falta de financiamiento… En el siguiente período de gobierno (1985-1990), la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido de izquierda moderada, intentó superar el fracaso anterior, creando el Programa de Medicamentos Básicos y Esenciales, sin embargo no tenía partida presupuestaria”[3].

Durante los años 80, en el mundo se registraban importantes experiencias de programas públicos de suministro de medicamentos esenciales, en regulación, control y aplicación de normas, que fueron insumo para la formulación de lineamientos de la política de medicamentos en el Perú. En consecuencia, se registraron numerosos intentos de los sectores académicos, privados y algunos gubernamentales por participar en la formulación de una Ley de Medicamentos que estableciese un marco regulador nacional en las áreas principales de selección y registro de medicamentos, producción y comercialización, control y garantía de calidad, promoción y publicidad ética, investigación y capacitación de recursos humanos, información y uso racional de medicamentos. Sin embargo, los diversos proyectos de ley presentados al Congreso no han sido aprobados hasta el momento.

Esta falta de una política explícita de medicamentos o de una Ley que lo respalde no ha impedido que se implementen acciones regulatorias por parte del Estado peruano, aunque por estas circunstancias no son sostenibles en el tiempo. Así, en 1985, se creó la Comisión Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas (CONAMAD), entidad reguladora de carácter autónomo con facultades para desempeñar una función fiscalizadora en el área de medicamentos. Importantes normas fueron emitidas durante su funcionamiento, tales como la prohibición de la comercialización de asociaciones obsoletas o peligrosas en productos farmacéuticos que estaban en el mercado, y el establecimiento de un sistema de control de precios para los medicamentos esenciales. No obstante, CONAMAD fue disuelta a fines de los años 80 por el mismo gobierno que le dio origen.

En 1990, fue creada la Comisión para la elaboración del Formulario Nacional de Medicamentos[4], el primer instrumento formal y de rigor técnico para la selección de medicamentos en el país. No obstante, las medidas adoptadas dentro de la reforma del Estado para promover la liberalización de la economía se desreguló el mercado y se favoreció la libre empresa, y que luego se tradujo en un Decreto Ley[5] 25596/92 para el sector farmacéutico que amplió el número de referencias técnicas, cuya consulta era requisito para la autorización de importación y comercialización de medicamentos genéricos y de marca, a la vez que simplificó enormemente el proceso administrativo para el registro de productos farmacéuticos.

En 1991 se inició el proceso de descentralización del sector salud a través del establecimiento del Sistema Nacional Regionalizado e Integrado de Salud y del fortalecimiento de las instancias regionales y locales. El proceso de descentralización implicó la reorganización del MINSA en el nivel central, creándose la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), órgano técnico-normativo, con funciones de registro sanitario de medicamentos, emisión de normas y control de los procesos de producción, distribución y dispensación de los medicamentos. Esta Dirección mantiene funciones en la actualidad.

Medicamentos esenciales y prescripción con DCI para mejorar el acceso y calidad de los medicamentos y mayor flexibilización de la regulación

En este periodo se elaboró el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales (276 principios activos) en base al cual se elaboró la Guía Fármaco terapéutica Nacional. No obstante, a pesar de las normas administrativas en el sector público los establecimientos de salud adquirían medicamentos que no necesariamente estaban incluidos. Actualmente esto ha mejorado y ya se respeta el petitorio en especial para las compras corporativas. A sí también, a partir del 1990 se reguló la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público y la sustitución de productos farmacéuticos por alternativas equivalentes o similares en las farmacias y boticas, Decreto Supremo[6] 020/90. Estas normas fueron difíciles de implementar.

La Ley General de Salud (Ley 26842/97)[7], promulgada en 1997, incluyó un capítulo sobre Productos Farmacéuticos y Galénicos y Recursos Terapéuticos Naturales, en el cual se ratificaron normas ya existentes (comercialización y prescripción de medicamentos), se regularon áreas nuevas (publicidad y farmacovigilancia), y se incrementaron otras (garantía de calidad e importación de medicamentos). Sin embargo, el proceso de selección y registro de medicamentos fue simplificado en extremo, estableciéndose un registro automático de productos farmacéuticos. El sector farmacéutico experimentó una radical flexibilización en la regulación, lo que debilitó el papel regulador del Estado y le impidió compensar las distorsiones del mercado originadas en la oferta desproporcionada respecto a las necesidades reales de la población.

En este periodo, se introdujeron medidas para estimular la libre competencia con el propósito de disminuir los precios de los medicamentos y material quirúrgico. Sin embargo, mientras el valor total de las ventas tuvo un aumento constante y prácticamente se duplicó durante el período 1991-1996, se redujo el consumo, debido a que el valor unitario promedio de los medicamentos se incrementó en forma constante. A esto se sumó la ineficiencia del Ministerio de Salud en permitir el acceso de la población de escasos recursos a los medicamentos por los altos precios, la falta de disponibilidad y la deficiencia en el abastecimiento. En 1994, el 20% de los pacientes en Lima no conseguían comprar los medicamentos, y en la Selva y la Sierra rural estos porcentajes llegaban a 43%, y 47% respectivamente.

El mercado privado pasó de US$ 126,1 millones en ventas en 1977 a un poco más de US$ 457 millones en 1997, lo que significó un crecimiento del 262.4% y al final del 2003, bajó a US$ 345 millones (entre 1977 y 2003 creció 173.6%). Sin embargo, las unidades consumidas en 2003 representaron solamente el 46.2% de las consumidas en 1977. El valor promedio de cada unidad vendida pasó de US$ 0.93 en 1977 a US$ 5.45 en el año 2003. En general, el mercado farmacéutico creció en base al aumento de precios de los medicamentos, deviniendo en la exclusión de los sectores más pobres de la población del consumo de los medicamentos.

En el Perú, los precios de los medicamentos son considerablemente más altos en el sector privado que en el público[8]. Los medicamentos genéricos son 19% más costosos en el sector privado y en las farmacias minoristas no hay mucha diferencia de precios entre los medicamentos de marca y los genéricos (razón de 1.3 y 1.8). Existen múltiples impuestos y márgenes de ganancia que incrementan los costos para algunas medicinas por más del 100% y en el sector privado algunos superan el 200%.

Política Nacional de Medicamentos y mayor poder de fiscalización del Estado

En este marco situacional, se desarrolló la política nacional de medicamentos dentro del Plan Nacional de Salud 2007-2011 en la que se propuso como objetivo asegurar el acceso universal a medicamentos esenciales de calidad garantizada, así como el uso racional de los medicamentos como un componente de atención integral de salud. Se propuso que esto se lograría con el aseguramiento universal de salud. El Plan Nacional de Salud incluye: i) un fondo solidario para medicamentos de daños catastróficos, ii) implementación del Petitorio Nacional Único de medicamentos esenciales en el sector público (MINSA, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Sanidad de las Fuerzas Policiales), iii) implementación de mecanismos de compras corporativas del petitorio de medicamentos (Ej. subasta inversa, negociación directa con proveedores monopólicos de medicamentos protegidos por patentes), iv) implementación del sistema de aseguramiento de la calidad que incluye el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y de mantenimiento de los medicamentos, v) acción multisectorial para la disminución del contrabando, comercio informal y falsificación de productos farmacéuticos a partir de la aplicación de un marco legal revisado y mejorado, vi) y cubrir los vacíos legales para la fiscalización a nivel nacional, regional y local y vii) implementar un sistema que permita trazabilidad de los productos farmacéuticos en el mercado con la finalidad de conocer con certeza su origen y calidad.

En el año 2009 se promulgó la Ley del Aseguramiento Universal que considera un Paquete esencial de beneficios para atender daños y condiciones de salud prioritarios. Este paquete incluye la provisión de medicamentos.

Si bien es cierto que con esto se mejoraría el acceso de los pobres a los medicamentos, no necesariamente se asegura la disponibilidad por los precios elevados y la eficiencia del sistema logístico. En el sector privado y para aquellos daños que no están el paquete de beneficios no asegura el acceso, disponibilidad, calidad ni seguridad de los medicamentos.

En el Perú, aún hace falta mejorar la legislación para fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y fortalecer los mecanismos para reducir los precios de los medicamentos. El incremento de los precios no solo se debe a la falta de regulación del Estado sino también a la globalización que ha logrado reconocer los derechos de propiedad intelectual para productos farmacéuticos.

Globalización y encarecimiento de los medicamentos

Ahora la agenda se debería dirigir para desarrollar acciones que permitan enfrentar la globalización comercial de los productos farmacéuticos. La OMS es un excelente aliado, tal es así que en 1996, en la 49ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), se discutió por primera vez las potenciales consecuencias de la globalización y de los acuerdos internacionales de comercio sobre el acceso a los medicamentos. En este mismo año, la Estrategia Revisada en Materia de Medicamentos de la OMS tiene el mandato de examinar, bajo la perspectiva de la salud pública, la nueva estructura del sistema de comercio multilateral después de la creación de la OMC (Organización Mundial de Comercio), en enero de 1995.

Actualmente en el Perú hay activistas de organizaciones no gubernamentales de interés público (ONG) que están poniendo en la agenda nacional el acceso a medicamentos dentro de los múltiples tratados de libre comercio que el país está firmando. Y están proponiendo mecanismos legales y sociales para considerar el acceso a los medicamentos como un derecho y a los medicamentos como un bien público vinculado a salvar vidas, para dejar de ser considerado como un producto comercial solo para generar ganancias. Dado que para los países en desarrollo, los costos para mantener ese tipo de sistema de patentes exceden sus beneficios y porque existe potencial conflicto con los derechos humanos y el riesgo de restringir el acceso a los bienes y servicios esenciales para la prevención y tratamiento de muchas enfermedades.

En el plano internacional hay avances para favorecer el acceso a medicamentos como la Declaración de Doha que reconoce que los medicamentos no son sólo una mercadería más y que deben ser diferenciados de las otras invenciones con la finalidad de proteger la salud pública. Este importante logro ha sido posible gracias a la movilización de países en desarrollo que trabajaron en bloque, la acción de organismos multilaterales, la fuerte presión ejercida por ONG internacionales sobre gobiernos, empresas y políticos en los foros internacionales del comercio y de salud pública; y la opinión pública expresada en los medios de comunicación. En este marco el Perú debe continuar en esta justa lucha.

Conclusión

En conclusión, los Programas de Medicamentos Esenciales de 1962, 1971, 1980 y 1985 constituyeron las distintas alternativas ensayadas para mejorar la cobertura de la población y disminuir las barreras económicas de acceso a medicamentos esenciales en la red pública de salud, pero ninguno demostró ser efectivo en el largo plazo[9]. En la actualidad, la política nacional de medicamentos está dirigida a universalizar el acceso a los medicamentos de calidad, con seguridad y con uso racional. Se supone que con el Aseguramiento Universal en Salud se logrará esto para un paquete de beneficios garantizado. Sin embargo, hace falta una legislación que permita fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y el desarrollo de mecanismos para enfrentar el encarecimiento de los precios de los medicamentos. Parte de la lucha estará dirigida a enfrentar los derechos de patentes internacionales.

Los factores que han favorecido la inclusión de la agenda de medicamentos en el Perú ha sido en primer lugar la demanda social por existir poblaciones de bajos recursos que no acceden a los mismos y que es monitoreada en encuestas nacionales, seguidamente de la acción de la OMS para introducir una agenda internacional sobre la necesidad de incrementar el acceso a medicamentos esenciales por ser un derecho humano, al activismo de la sociedad civil y a la decisión política de no solo mejorar el acceso equitativo a los medicamentos, sino también para mejorar la calidad, seguridad y uso racional de los mismos. Los logros y experiencias de otros países en el campo de la regulación, eficiencia del sistema nacional de medicamentos, y en la mejora de las condiciones de manufactura y de compra de medicamentos también han contribuido a que se genere una agenda basada en evidencias, en lecciones aprendidas y en rendición de cuentas.

Referencias

[1] Phang C (2002). Reforma del sector salud y la política. farmacéutica en Perú. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(4):1121-1138
[2] Oliveira MA ( 2008 ). El medicamento en la agenda política global: de la regulación sanitaria al acceso universal. CLSI/OPS
[3] Phang C (2002). Op. Cit.
[4] PERU, 1990a. Resolución Ministerial No 930, del 12 de noviembre de 1990. Establece el Formulario Nacional de Medicamentos. Lima: Diario Oficial "El Peruano".
[5] PERU, 1992. Decreto Ley No 25596, del 4 de julio de 1992. Establece los requisitos para la obtención del Registro Sanitario y de la autorización para la importación de medicamentos genéricos y de marca. Lima: Diario Oficial "El Peruano"
[6] PERU, 1990b. Decreto Supremo No 020, del 30 de octubre de 1990. Establece la obligatoriedad para los profesionales médicos de prescribir bajo Denominación Comum Internacional (DCI), y la obligatoriedad en Farmacias y Boticas a oferecer al usuario alternativas de oferta de medicamentos, equivalentes o similares. Lima: Diario Oficial "El Peruano".
[7] PERU, 1997a. Ley No 26842, de 20 de julio de 1997. Ley General de Salud. Lima: Diario Oficial "El Peruano".
[8] Meza E (2007). Medicine Prices, Availability, Affordability and Price Components in Peru. Health Action International Latin American Coordination Office
[9] Phang (2002).Op.Cit.

Salud internacional, derechos humanos, conflicto social y desarrollo

Por Anibal Velásquez

El conflicto, en el sentido sociológico, se define como una lucha por los valores y por el status, por el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto social será cuando trasciende lo individual y proceda de la propia estructura de la sociedad[2]. Dahrendorf refiere que el conflicto es un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social[3].

El conflicto surge porque los individuos o grupos buscan maximizar sus beneficios y buscan el orden para mantener en forma estable esos beneficios. En consecuencia, el conflicto controlado o integrado es esencial para el buen funcionamiento o estabilidad social.

Las teorías del Conflicto social[4] buscan explicar cómo la sociedad necesita orden e integración, que puede conseguirse ya sea con consenso o con coacción. En cualquier caso, el conflicto es el factor del cambio social, que se basa en la formación de grupos de cambio y acción social, a fin de obtener la integración, mediante pactos o acuerdos con el resto de los actores o sectores sociales, de nuevas relaciones o estructuras, que propician los grupos de presión o interés.
Ese cambio social necesita la estabilidad o permanencia de las instituciones, que actúan mediante el consenso o la coacción. La coacción, proveniente del Estado o de las élites de poder, da, o puede dar, origen a abusos y en ocasiones dan origen a revoluciones en respuesta a los abusos.
Los conflictos atribuidos al modelo de desarrollo se presentan cuando el objeto de la estabilidad social es económico y cuando la acumulación de capital está por encima del bienestar y de los derechos humanos.

Los conflictos y la salud en el marco del modelo conceptual de la salud internacional
No solo el modelo de desarrollo genera conflictos, las causas pueden ser territoriales, étnicas, religiosas, ambientales. En general “el conflicto evidencia la desigualdad de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria”[5].

Los conflictos son expresión o causa de temores y necesidades que afectan las libertades fundamentales y la plena realización del ser humano, es decir se afecta el bienestar del individuo y los derechos humanos.

Si se entiende que la salud es el completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad, entonces los conflictos afectan la salud.

Para responder a esta pregunta se asume que la salud internacional es la disciplina que desde el plano internacional genera mecanismos legislativos, sociales, diplomáticos, de incidencia política, promociona, documenta y defiende las libertades y derechos vinculados a la salud. Bajo la premisa que las capacidades nacionales son insuficientes para afrontar los conflictos y las amenazas de la seguridad.

En consecuencia, es fundamental que la salud internacional se articule con la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo para ayudar a los países más vulnerables y con más conflictos y enfrentar la globalización y a las transnacionales.

Desde la salud internacional se puede actuar sobre los determinantes internacionales de la salud e incidir en los estados para que protejan a las personas que no sean capaces de tener una vida mínimamente aceptable y para que busquen una sociedad con responsabilidad ampliamente compartida y con una mejor distribución de las ganancias.

El modelo de la burbuja de la salud internacional permite integrar estos elementos en una lógica de interacción dinámica de fuerzas. Las fuerzas internas y externas que determinan la salud se representan en flechas que contribuyen a alguna de las dos direcciones (los derechos o el afán de lucro). El equilibrio de una burbuja se ve afectado por las relaciones con otras burbujas. La interrelación entre países depende del poder y los intereses que abonan hacia alguna de las fuerzas principales (hacia el lucro o hacia los derechos humanos). Los agentes cooperantes y los tratados que influyen a favor de los derechos humanos y la responsabilidad social ayudan a mantener el equilibrio, por lo tanto el bienestar y la equidad en salud. Justamente la acción de la salud internacional se caracteriza por generar mecanismos multilaterales, de cooperación y de solidaridad para equilibrar la balanza hacia la responsabilidad social y los derechos humanos de los modelos de desarrollo y del accionar del Estado.

Los desafíos

Las amenazas tradicionales, en el actual contexto global e interdependiente, como la emergencia de nuevas amenazas evidencian la necesidad del multilateralismo. Este se manifiesta en la definición y el diseño de bienes públicos internacionales. Se requieren de compromisos cooperativos, fortalecer el sentido solidario y la acción colectiva de los países. Se necesita sustentar y apoyar el multilateralismo, y deslegitimar el unilateralismo y reafirmar el derecho internacional.

La resolución de los problemas de la pobreza y el desarrollo requieren de la cooperación y el multilateralismo. En este sentido, la demanda por una mayor coordinación de las entidades del sistema internacional para actuar sobre la situación económica y social, constituye una forma efectiva para enfrentar la pobreza, situación de vulnerabilidad que potencia las nuevas amenazas.

Como refiere Francisco Rojas[6] de FLACSO “La agenda tradicional y la nueva agenda son crecientemente transnacionales y multidimensionales. Esto demanda una visión y acción global, pero a la vez una comprensión en problemas locales. Necesitamos comprender de mejor manera el vínculo entre lo local y lo global. En este sentido los temas tradicionales siguen siendo importantes. ..La nueva agenda de inseguridad demanda una acción multilateral de carácter multidimensional”.

Los riesgos y vulnerabilidades que afectan la seguridad de una nación, inciden simultáneamente en más de un Estado y por lo tanto no pueden resolverse exclusivamente dentro de sus propias fronteras. Los conflictos son de carácter intraestatal y tienen consecuencias interestatales. Sus orígenes y sus motivaciones son más de carácter étnico, religioso o relacionados con la autodeterminación que derivados de contenciosos relativos a fronteras o intereses estatales. Los actores no estatales cobran más importancia. También aumentan las demandas dirigidas a los organismos internacionales, interestatales y no gubernamentales, y consecuentemente se reducen las capacidades de los Estados, en especial, los de menor poder relativo.

En definitiva, una crisis internacional es simultáneamente una crisis estatal y de seguridad humana. De igual forma, una crisis en el Estado se transforma en una crisis humanitaria y en una crisis internacional, y una crisis en la seguridad humana es simultáneamente una crisis estatal e internacional.

Un desafío adicional es lograr una articulación conceptual y operativa de la salud internacional con el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad. De esta forma se podría articular el accionar de los organismos de las Naciones Unidas.

Referencias

[1] Un conflicto de jurisdicción puede ser nacional o internacional. El internacional es aquel en donde dos o más ordenamientos jurídicos entran en conflicto para dirimir un mismo litigio. En este caso, la resolución del conflicto depende del Derecho Internacional.
[2] Lewis A. COSER, Lewis A.,The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press, 1956. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Ralf_Dahrendorf
[4] http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social
[5] Grupo de Estudios Regionales. Universidad Del Rosario. II Encuentro Nacional de Profesiones Internacionales. La Internacionalización de las Regiones Colombianas, Agosto 13, 14 y 15 de 2003. Conflicto y desarrollo regional. Soluciones de convivencia
[6] Rojas F. Seguridad humana: aportes en la reformulación del concepto de seguridad

Las Naciones Unidas y el concepto de la seguridad humana

Por Anibal Velásquez

Las Agencias de las Naciones Unidas han tenido un rol clave en los conflictos, con acciones de prevención, diplomacia, intervención y promoción de la paz. Su accionar ha evolucionado según el concepto de seguridad que la ONU desarrollaba, tal como lo sostiene Taylor Owen[1] en la revisión que hace sobre la evolución del concepto de seguridad en las Naciones Unidas.

Así, durante la Guerra Fría el concepto centrado en la seguridad entre estados y a partir de los años 90s se produjo un cambio de este concepto hacia una seguridad individual.

En 1992 en las NNUU, se formulan nuevas dimensiones de la seguridad en la Agenda por la Paz, aquí se plantea que el concepto de seguridad debe incluir el crecimiento de la población ilegal, aumento de la deuda, el consumo de drogas y crecimiento de la disparidad entre ricos y pobres, pobreza, hambruna y opresión.

En 1994 el PNUD, en el Reporte de Desarrollo Humano, define más claramente el nuevo concepto de la seguridad, asociándola con las libertades. Así, la seguridad ha sido interpretada como seguridad de la gente y no como seguridad de la tierra. Con este concepto se pasa de la seguridad por los armamentos hacia la seguridad por el desarrollo, y desde la seguridad territorial hacia la seguridad de alimentos, empleo y seguridad ambiental.

Este concepto marcó las actividades de la NNUU, así la liberación del hambre a través del Programa Mundial de Alimentos, el desarrollo a través de UNDP, la preservación cultural a través de la UNESCO, mantenimiento de la paz a través del departamento de mantenimiento de operaciones de paz, asistencia de emergencia a través de la Oficina de Naciones unidas para la coordinación de asuntos humanitarios.

Posteriormente el concepto de seguridad humana consideró la seguridad de vulnerabilidades de largo y corto plazo, y se vinculó con la libertad de temor y libertad de querer. Luego se consideró 7 componentes de la seguridad humana: económica, alimentación, salud, ambiental, personal, seguridad comunitaria y política.

El año 2005, Kofi Annan, Secretario General de la ONU, en la reforma de la ONU vincula el concepto de seguridad, desarrollo y derechos humanos. El concepto se focaliza sobre el estado del individuo. Esta articulación reconoce que la seguridad humana es una precondición para el desarrollo humano, pero no viceversa. La gente debe primero estar segura de crisis y amenazas generalizadas a su vida, cualquiera que sea la causa. De esta forma se sostiene que la protección de los derechos humanos debería ser necesario pero no suficiente condición para la seguridad humana, y que la concepción y aparatos de seguridad deberían ser capaces de proteger a la gente de las más serias amenazas que ellos enfrentan, tanto de las guerras entre países y la proliferación nuclear, así como de enfermedades prevenibles, desnutrición y conflicto civil.

La seguridad humana es complementaria de la seguridad estatal, no la reemplaza, este es un aspecto esencial del concepto. La Comisión de Seguridad Humana, establece que la “seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano. Significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano.”[2] El secretario General de la ONU resume esta visión en un “mundo libre de temor y libre de necesidad”.

“Uno de los cambios que más ha influido en el desarrollo del concepto de seguridad humana es el nuevo carácter de los conflictos internacionales, los que en su gran mayoría son de tipo intraestatal… Otro de los factores que ha contribuido a este cambio de perspectiva en materia de seguridad se vincula con la complejidad de los problemas mundiales y sus repercusiones sobre millones de personas. Hoy en día existen amenazas muy distintas del ataque militar contra el propio territorio, entre ellas los riesgos ambientales, la delincuencia internacional, el narcotráfico y el terrorismo. Todo ello supone cambios trascendentales de la noción básica de soberanía y demuestra que las capacidades nacionales son insuficientes para afrontar los principales problemas”[3].

Quizás el aporte más importante en la conceptualización de la seguridad es su articulación con el desarrollo y los derechos humanos. Ahora se asume que la seguridad es una es una precondición para el desarrollo humano y que la seguridad humana es un medio para empoderar los derechos humanos. Así, la protección de los derechos humanos se constituye en un componente fundamental para asegurar la seguridad humana.

Conclusión

El rol de las Naciones Unidas ha sido y será vital para enfrentar los conflictos desde el ámbito multilateral. Los conflictos nacen fundamentalmente de los modelos de desarrollo y de la violación de los derechos humanos, en consecuencia una respuesta al conflicto es buscar la seguridad. Sin duda que promover un modelo de desarrollo que no viole derechos humanos, y que esté por encima de intereses económicos o de poder político requiere acciones desde el ámbito multilateral y no nacional o bilateral.

Las acciones de las Naciones Unidas para lograr la seguridad dependen de su conceptualización. Por esta razón es importante conocer la evolución del concepto de seguridad que se ha dado hasta el momento y de esta manera entender el rol de las Naciones Unidas en la seguridad y el conflicto en el mundo. El cambio del concepto de seguridad desde la seguridad internacional hacia la seguridad humana ha permitido articular la seguridad con el desarrollo y los derechos humanos lo que permite vislumbrar un rol más efectivo y fundamental de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para obtener una seguridad basada no solo en la diplomacia sino en el bienestar del individuo.

Referencias

[1] Owen T. The uncertain future of human security in the UN. UNESCO 2008. Oxford: Ed. Blackwell Publishing Ltd. P: 113-127
[2] Comisión de la Seguridad Humana, Seguridad Humana Ahora. Nueva York (2003), citado en: Rojas F. Seguridad Humana: Aportes en la Reformulación del Concepto de Seguridad
[3] Rojas F. Seguridad Humana: Aportes en la Reformulación del Concepto de Seguridad.
[4] Rojas F. Seguridad Humana: Aportes en la Reformulación del Concepto de Seguridad.